En contramarcha con la Historia, el Presidente Castillo ha ofrecido una II Reforma Agraria. Lo hizo el pasado 3 de octubre conmemorando la dictadura militar de Velazco Alvarado, que destruyó la producción agrícola, agroindustrial y ganadera del Perú.
Previamente se reunió con representantes cocaleros en el Cusco, para asegurarles que no afectará las setenta y cinco mil hectáreas que conducen. Anunció que acabará con la explotación y desigualdad del agro mediante una serie de acciones asistencialistas, como compras públicas y financiamiento a la agricultura familiar, una inexistente planta de fertilizantes, ajustes en las franjas de precios, además de nuevos beneficios tributarios a comunidades campesinas y nativas que no pagan impuestos. Prometió igualmente, un gabinete que él presidiría con algunos “ministerios productivos” y la participación de gobiernos regionales y locales. Esta burocracia se sumaría al “Grupo de Trabajo” formado con 12 funcionarios del Ministerio de Agricultura y Riego, 1 representante de los agricultores, y 5 de organizaciones sociales escogidas a dedo, para elaborar el plan de acción.
Todo este voluntarismo burocrático obvia la realidad agropecuaria, quiere reintroducir la intervención pública, el odio y la lucha de clases en el campo, que en el pasado solo trajeron miseria, abandono rural, terrorismo y narcotráfico. Conforme al último Censo Agropecuario (2012), de las siete millones de hectáreas agrícolas existentes se siembran estacionalmente el 58%, porque solo están bajo riego permanente un millón ochocientas mil hectáreas, el resto depende de las lluvias. En el campo predomina el minifundio, de manera que alrededor de tres millones de hectáreas son parcelas de 10 hectáreas o menos, trabajadas familiarmente de manera informal, en economías de subsistencia. Si algo quieren estos parceleros son títulos de propiedad, para arrendarlas, no retórica ideológica del gobierno. Las empresas y cooperativas cafetaleras, arroceras, azucareras o de cacao, ocupan menos de novecientas mil hectáreas. El éxito productivo y económico agroexportador, que genera siete mil millones de dólares anuales en exportaciones y cerca de novecientos mil empleos formales al país, se desarrolla en doscientas cincuenta mil hectáreas.
De otro lado, la población rural tiene avanzada edad, más de 55 años en promedio, porque la juventud emigra a las ciudades en busca de capacitación y mejores empleos. Actualmente el 24% de la población económicamente activa labora en el campo, pero cada día disminuye y será 12% en el 2041. Esta tendencia al despoblamiento rural sucede en casi todo el mundo. Los seres humanos prefieren vivir en ciudades donde alcanzan mejores niveles de vida, por los servicios que reciben y las oportunidades sociales que hay. La propuesta entonces del Ejecutivo resulta retrógrada y demagógica. Lo que el Perú requiere es incrementar las alianzas rurales, para mejorar la productividad y erradicar el hambre y la desnutrición. De parceleros y comuneros con empresas privadas exitosas, que les brinden acceso a semillas mejoradas, modernas técnicas de riego, mecanización de labores, buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha y acceso a mercados organizados. Necesitan ciencia y tecnología para obtener riqueza, no dádivas y políticas improductivas que ya fracasaron.