Recientes estudios estiman que el movimiento económico de la minería ilegal supera los 22 mil millones de soles. Esta actividad ilícita se ha convertido en el principal crimen organizado en territorio peruano, superando al narcotráfico. Destruye la flora y fauna, no paga impuestos, alienta además la violencia, la explotación infantil, la prostitución y el robo, entre otras lacras. La Constitución Política establece en su artículo 66 que los recursos naturales son patrimonio de la nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento, para lo cual otorga a los particulares concesiones para su utilización o explotación. Sin embargo, el derecho de concesión está siendo demolido anticonstitucionalmente desde el propio Estado bajo la justificación de resolver un “problema social”, ya que alrededor de medio millón de personas se dedican ilegalmente a esta actividad. Para ese fin, han creado el REINFO, registro integral de formalización minera, donde basta declarar que uno se dedicará a esta actividad, sin acreditar la titularidad de una concesión minera, para que pueda impunemente extraer o robar mineral en concesiones ajenas. Debido a esta política de Estado, al dinero ilícito que genera, y, a la falta de respeto a la propiedad pública y privada, casi todas las concesiones mineras del país están invadidas por la minería ilegal. En las alturas andinas y en las selvas enmarañadas, donde no existe Estado de Derecho, las autoridades evaden sus obligaciones y crece día a día la impunidad. En la provincia de Pataz, pese al estado de emergencia, los mineros ilegales siguen volando torres de alta tensión, ante la inoperancia de las autoridades.
¿Qué hacer? El Estado debe apoyar la minería formal para que prospere y genere puestos de trabajo; además debe atacar los circuitos de blanqueo de los minerales ilegales; y, crear una unidad policial especializada con competencia nacional para erradicar la minería ilegal.
El emprendimiento minero, especialmente de la pequeña y mediana minería, está sobre regulado, de manera que el costo de los excesivos estudios y permisos obligatorios impide su desarrollo, lo que es aprovechado por la delincuencia. De lo que establecía el régimen promotor de la Ley General de Minería a la realidad jurídica actual, hay decenas de nuevas disposiciones que frenan su avance. Para viabilizar el negocio minero formal hay que desmontar la sobre regulación, lo que posibilitará el desarrollo de más minas y la demanda de trabajadores, que provendrán de la actividad ilícita donde son explotados. En la minería ilegal, los grandes beneficiados son los reducidores, que castigan fuertemente el precio de compra y se escudan en los REINFO para blanquear lo adquirido. Estos compradores son acopiadores o empresas “formales”, cuyos almacenes o plantas concentradoras se ubican, en la mayoría de los casos, en la costa, adonde es relativamente fácil intervenir.
Para ello, se requiere de una unidad policial especializada que tenga el apoyo logístico de las empresas mineras formales, que investigue las prácticas y modalidades de la minería ilegal, especialmente de los reducidores, para identificarlos y penalizarlos, cortando así el circulo vicioso del dinero.