El Estado ha desatendido la actividad minera, a pesar de su gran importancia en el Perú. La minería genera alrededor del 60% de las exportaciones y el 16.4% de la recaudación fiscal. En lo que va del año, las regiones han recibido por canon, regalías, derechos de vigencia y penalidades 10,869 millones de soles. Históricamente, obras monumentales como el ferrocarril central y el desarrollo de la infraestructura eléctrica y vial en las zonas más alejadas y difíciles del país, se deben a la minería.
Por pasividad de las autoridades, son noticias diarias la usurpación de concesiones, el robo de mineral, el asalto de campamentos y el bloqueo de carreteras, que la mayoría de las veces quedan impunes. No hacer cumplir la ley pone en riesgo la actividad productiva, a pesar de que, contradictoriamente, el sector está sobre regulado.
Exigimos que el Estado cumpla y haga cumplir la Constitución y las leyes, pero, igualmente, que viabilice su observancia mediante la simplificación y concordancia normativa, para evitar que asfixie los negocios lícitos.
La minería necesita del consentimiento en las áreas donde se desarrolla. No basta que la ley disponga que, en caso de controversia, el Estado decida, porque debido a la pérdida del principio de autoridad, los conflictos sociales irresueltos se multiplican.
Un afamado economista afirma que se debe pagar a las comunidades como propietarias de terrenos “sobre cobre” no “sobre papas”, desconociendo que la mayoría de los yacimientos mineros se encuentran en los Andes en territorios que no son aptos para la agricultura, ni la ganadería. Asimismo, que según el artículo 66 de la Constitución Política, los recursos mineros son patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento, por lo que la propuesta, parte de un sofisma que debilitaría la estructura del Estado.
En la práctica hay desde aquellas comunidades que, en lesión de sus intereses, malbarataron sus propiedades, hasta otras que, aprovechando la inacción estatal, exigen más dinero de una transacción bien pagada, bajo amenaza a las empresas de impedir la extracción del mineral en clara extorsión
Pensamos, que no constituiría solución que se compren las superficies con valores negociados en las Bolsas de Valores, porque a las empresas no interesa quedarse con los terrenos luego de extraída la riqueza minera y, las comunidades prefieren no vender sus predios. Sería además probable que, por necesidad, los comuneros rematen sus valores a las propias empresas o sus dueños, como sucedió con las acciones laborales.
Tampoco sería adecuado que a cambio de terrenos las sociedades entreguen acciones, porque en un país libre nadie está obligado a tener socios, más aún, en un negocio sujeto a enormes riesgos que requiere de grandes inversiones de dinero, de conocimientos especializados y tecnología punta.
Creemos que la solución está en entregar títulos de participación en las utilidades de las empresas, a cambio de los terrenos. Estos títulos son nominativos, sujetos a plazo y transferibles; de manera que durante la vida útil de la mina los terrenos serían usufructuados por la empresa, pero al terminar la explotación y cumplido el plan de cierre de mina, los terrenos restaurados regresarían a los propietarios. De esa forma, fortaleceríamos el aprovechamiento de los recursos naturales y al Estado de Derecho.